Durante el X Encuentro Anual, del que participaron 400 asistentes, se realizó la Encuesta Anual Fapla para conocer la opinión de los sujetos obligados a informar presentes acerca de la actualidad del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en nuestro país y en el mundo.

Según datos arrojados se destacan los siguientes aspectos:

  •  El 63,8 % considera que su empleador le proporciona los recursos necesarios para prevenir el lavado de dinero en su organización.
  • El 67,6 % considera que el Oficial de Cumplimiento goza de independencia para el desarrollo de su labor.
  • El 67.9 % afirma que ha sido supervisado por la UIF y/o por los Organismos de Supervisión (BCRA – CNV – SSN – INAES).
  • El 80,2 % considera la actividad de las Cooperativas y Mutuales como más vulnerable al lavado de activos que la desarrollada por el Sector Bursátil.
  • El 80,2 % considera la actividad de las Inmobiliarias como más vulnerable al lavado de activos que la desarrollada por los Escribanos Públicos.
  • En el marco de una Fiscalización (UIF) o Supervisión (BCRA – INAES – SSN – CNV) se pide un 58,3 % más de información que la establecida en la normativa dictada por la Unidad de Información Financiera.
  • El 50,9 % de los Sujetos Obligados no consulta previamente a su abogado para realizar un acto jurídico vinculado con la prevención del lavado de activos.
  • El 92,4 % considera que no existe uniformidad de criterios interpretativos entre UIF, BCRA , CNV, SSN, INAES y los auditores internos o externos.
  • El 95,00 % considera que no se trabaja en forma coordinada (Poder Judicial – Ministerio Público- UIF – Organismos de Supervisión – Sujetos Obligados) para enfrentar a las organizaciones criminales que lavan dinero.

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