Cerca de 400 personas participaron de la jornada

FAPLA realizó su décimo encuentro sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) (www.fapla.org.ar), llevó a cabo su décimo encuentro anual que contó con la presencia de autoridades nacionales y destacados especialistas del ámbito local e internacional. En la jornada se debatieron ideas y se realizaron análisis fácticos y regulatorios con cerca de 400 participantes vinculados a la prevención de lavado de activos en nuestro país. Como invitados especiales participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak; Joël Sollier, Director General de Asuntos Jurídicos de Interpol Francia; Juan Carlos Fábrega, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); y Santiago Montoya, Presidente de Grupo Provincia.

Marcelo Casanovas, Presidente de FAPLA, fue el responsable de la apertura. Luego de resaltar los 10 años de vigencia de la Fundación, mencionó que “Entiendo que no existen en la actualidad razones sustanciales para que GAFI mantenga a la República Argentina en la Lista Gris, considerando el avance realizado por el país y frente al propio estándar de cumplimiento de otros países considerados cumplidores. Las razones entiendo se vinculan no tanto con aspectos técnicos sustanciales sino con aspectos propios de la política internacional”. Asimismo, sostuvo que“Con relación al aspecto interno el sistema de prevención del país apenas comenzó a caminar y le faltan muchos kilómetros para llegar a la eficiencia. En el propio Encuentro de FAPLA del año pasado el 94,6 % de los asistentes que participaron de la encuesta interactiva perciben que NO se trabaja en forma coordinada entre los diversos eslabones de la prevención (Poder Judicial – Fiscales – UIF – Organismos de Supervisión – Sujetos Obligados) para enfrentar a las organizaciones criminales. Existen escasas condenas penales por lavado de dinero, las sanciones administrativas aplicadas por la UIF -en casos de falta de reporte de operación sospechosa (la mayoría en estado de revisión judicial)- presentan situaciones que no parecerían justificar el esfuerzo de todo el sistema (persecución de “coleros”), y en muchas situaciones se verifican altas dosis de discrecionalidad (en toda la cadena de prevención) que afectarían principios constitucionales. Si tuviera que definir con una palabra el funcionamiento del sistema elegiría SOBREACTUACION. En definitiva, y más allá de mi opinión sobre el estado actual, soy optimista en la mejora del sistema en la medida que: a) se planifiquen redefiniciones normativas receptando los inconvenientes o ambigüedades o ausencias evidenciadas en la realidad, pudiendo convocarse a ONG o entidades representativas de los diversos sectores (tener abanico de sanciones no solo multas pecuniarias, precisar responsabilidades, reformular resoluciones UIF en función del riesgo, prescripción, proyecto de regulaciones en consulta, etc.); b) se encare la coordinación en el funcionamiento del sistema en su conjunto; c) se definan las instancias de contralor de TODO el sistema de prevención (desbalanceo); d)  se defina una instancia judicial tuitiva frente a situaciones generadas en el marco del cumplimiento regulatorio (amparo); y, e) se crea una instancia de Coordinación y Contralor General en el ámbito del Poder Legislativo (lugar donde actualmente rinde cuentas la UIF), pudiendo además generarse propuestas normativas, solicitudes de información, etc, donde pueda mejorarse GRADUALMENTE el sistema de un modo equilibrado entre los poderes del Estado para alcanzar la EFICIENCIA.”

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